La Contraloría General del Estado ha introducido una directiva que ordena el uso obligatorio de sistemas electrónicos para la gestión del control de asistencia en las instituciones públicas. Esta acción tiene como objetivo actualizar y hacer más transparentes los procedimientos de registro laboral, eliminando gradualmente los métodos tradicionales en papel, vistos como anticuados y no del todo seguros.
El objetivo principal es fortalecer la gestión administrativa y fiscalizar de manera más eficaz la jornada laboral de los empleados públicos, garantizando que los recursos estatales se utilicen de forma eficiente y se reduzcan los riesgos de fraude o irregularidades en el cumplimiento de horarios.
La regulación indica que todas las entidades del sector público deben implementar sistemas digitales para registrar automáticamente y en tiempo real la llegada y salida de sus empleados. Entre las tecnologías sugeridas se incluyen el uso de tarjetas electrónicas, capturas de huellas dactilares, reconocimiento facial, aplicaciones móviles y plataformas web que permitan la supervisión a distancia y la creación de informes fiables.
Esta propuesta atiende la creciente necesidad de mejorar los controles internos y reforzar la cultura de responsabilidad y transparencia en el sector público. La Contraloría destaca que el monitoreo electrónico de la asistencia ayudará a incrementar la productividad institucional, ya que facilitará la identificación de faltas injustificadas, retrasos, ausencias no autorizadas y otras circunstancias que impactan el rendimiento laboral.
Además, la medida se alinea con las políticas nacionales de digitalización y modernización del Estado, que apuntan a incorporar herramientas tecnológicas en la gestión pública para agilizar trámites, facilitar la rendición de cuentas y acercar los servicios a la ciudadanía con mayor eficiencia.
El desarrollo de la implementación seguirá un calendario gradual, en el cual las entidades públicas tendrán la obligación de informar regularmente sobre los progresos en la colocación y operación de los sistemas electrónicos. La Contraloría será responsable de monitorear el cumplimiento y aplicará sanciones administrativas a las instituciones que no acaten la normativa o conserven registros manuales sin un motivo justificado.
Entre los desafíos que plantea esta medida se encuentran la necesidad de capacitación del personal, la inversión en infraestructura tecnológica y la adaptación de los sistemas de gestión existentes para integrar los nuevos dispositivos de control. Sin embargo, las autoridades destacan que los beneficios en términos de transparencia, ahorro de recursos y mayor control del gasto público superan ampliamente los costos iniciales.
La transición hacia el control electrónico de la asistencia representa un paso decisivo en la modernización del aparato estatal, que permitirá optimizar la gestión del talento humano y reforzar la confianza de la población en las instituciones públicas.
Especialistas en gestión pública indican que esta modificación también podría fomentar una cultura laboral más dedicada, puesto que los trabajadores estarán al tanto de la estricta vigilancia sobre sus horarios y deberes. Así, se prevé que la iniciativa influya favorablemente en la calidad del servicio que obtienen los ciudadanos.
Finalmente, la Contraloría exhorta a las instituciones y a los empleados a afrontar este proceso con seriedad y receptividad, comprendiendo que la adopción de sistemas electrónicos no tiene la intención de castigar, sino de mejorar la eficacia y la claridad en la administración pública, que son esenciales para el progreso sustentable de la nación.
