Una reciente auditoría reveló una serie de irregularidades en el sistema de control horario de los funcionarios de la Municipalidad de Santiago. El informe, elaborado por el organismo de fiscalización del Estado, expone deficiencias que comprometen la gestión administrativa y la rendición de cuentas en una de las instituciones más importantes del país.
De acuerdo con el documento, se detectaron inconsistencias en los registros de asistencia de decenas de trabajadores municipales. Entre las principales observaciones se encuentran casos de funcionarios que no registraban sus entradas ni salidas, ausencia de controles efectivos en ciertas reparticiones y falta de respaldo documental para justificar ausencias o permisos especiales.
Uno de los puntos más críticos del reporte es que, a pesar de la carencia de registros fiables, los empleados implicados cobraron la totalidad de sus salarios, incluyendo incentivos vinculados al cumplimiento de horario de trabajo. Esta circunstancia podría ocasionar pérdidas financieras para el municipio y representa una infracción a las regulaciones sobre integridad y manejo correcto de fondos públicos.
El informe también indica que ciertas divisiones municipales no contaban con relojes de control o recurrían a métodos manuales, lo cual permitía manipulaciones o fallos en los registros de asistencia. En otros escenarios, aún con sistemas digitales presentes, no se implementaban acciones correctivas ante continuas faltas del personal.
Además, se identificaron deficiencias en la vigilancia directa de los supervisores de departamento y gestores de cada área, quienes eran responsables de asegurar el cumplimiento de los horarios y notificar cualquier irregularidad. La ausencia de medidas correctivas, según el reporte, muestra un problema estructural en el modelo de control interno del municipio.
En respuesta a estas observaciones, la administración municipal fue instruida para adoptar medidas correctivas inmediatas. Entre las recomendaciones figuran la actualización de los sistemas de control de asistencia, la implementación de auditorías internas periódicas, la capacitación del personal en temas de cumplimiento y la revisión de eventuales responsabilidades administrativas.
La situación ha provocado inquietud en el entorno político y social debido a que se refiere a una comuna representativa y muy visible a nivel nacional. Diversos actores han destacado que estas deficiencias impactan negativamente en la confianza hacia las instituciones públicas y erosionan la credibilidad de la ciudadanía en la administración adecuada de los recursos fiscales.
Según informaron desde el gobierno municipal, ya se están implementando ciertas acciones para solucionar las dificultades identificadas, como la introducción de sistemas biométricos para el control del tiempo y una revisión detallada de los procedimientos internos. Además, se dio a conocer el inicio de indagaciones administrativas para evaluar posibles penalizaciones a aquellos que no hayan cumplido con sus deberes.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre los mecanismos de fiscalización en el aparato público y la necesidad de fortalecer los controles para evitar situaciones similares en otras entidades del país. Expertos en gestión pública han insistido en la importancia de establecer estándares rigurosos de control interno y asegurar la trazabilidad de los recursos humanos en todas las instituciones.
Mientras tanto, el organismo supervisor seguirá monitoreando la implementación de sus sugerencias y podría comenzar nuevas inspecciones si se evalúa que las acciones tomadas no son adecuadas. Se espera que esta situación actúe como un catalizador para incrementar la claridad y la eficacia en la administración municipal, además de implementar sistemas efectivos para evitar irregularidades futuras.
