Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, varios gobiernos de Occidente tomaron acciones drásticas para ejercer presión sobre Rusia, y una de las medidas más notables ha sido el decomiso de superyates de lujo de propiedad de oligarcas rusos. Aunque el objetivo era impactar al régimen de Vladimir Putin, esta táctica ha resultado en diversos problemas legales y financieros inesperados, que incluyen altos costos de mantenimiento que deben asumir los gobiernos encargados de confiscar estos barcos.
Uno de los ejemplos más destacados es el del yate de lujo Phi, estimado en 50 millones de dólares. Desde que fue confiscado en Londres a inicios de 2022, el opulento barco ha estado estacionado en el muelle sur de Canary Wharf. Este yate es solo uno de los numerosos que están siendo retenidos en varias regiones del mundo. Aunque la intención inicial de esta acción era ejercer presión sobre la élite rusa y sobre Putin, las consecuencias económicas y los dilemas legales vinculados con estos bienes han desafiado a los gobiernos participantes.
Un acuerdo complicado
El Phi y otros superyates incautados no solo están generando un dolor de cabeza por su mantenimiento, sino que también han dado lugar a batallas legales complejas. En el caso del Phi, su propietario, el magnate inmobiliario ruso Serguéi Naumenko, ha presentado varias demandas en el Reino Unido para recuperar su propiedad. A pesar de que Naumenko no ha sido sancionado por el gobierno británico y no tiene vínculos directos con el Kremlin, el gobierno ha argumentado que retener sus activos es un acto legítimo para aumentar la presión sobre Rusia.
El propietario del Phi sigue luchando por obtener la libertad de su embarcación, pero mientras tanto, el superyate continúa costando millones en mantenimiento. Estos costos se suman a los de otros superyates rusos en todo el mundo, que no solo están causando una carga financiera, sino que también están afectando las relaciones diplomáticas y comerciales internacionales.
El costo elevado de poseer superyates
Mantener un superyate es una operación costosa. Se estima que el mantenimiento anual de un yate de lujo puede equivaler a un 10% de su valor, lo que en el caso del Phi significa una cifra millonaria cada año. Además, otros superyates incautados a oligarcas rusos, como el Sailing Yacht A en Italia o el Amadea en Estados Unidos, han generado facturas de mantenimiento que superan los 30 millones de dólares.
Por ejemplo, el gobierno de Italia ha desembolsado más de 30 millones de dólares desde el año 2022 para conservar el Sailing Yacht A, un lujoso yate tasado en 600 millones de dólares, cuyo dueño enfrenta sanciones. De modo similar, en Estados Unidos, las autoridades han gastado una suma considerable en la conservación del Amadea, un yate con una longitud de 106 metros, que se encuentra detenido en San Diego.
El que ciertos dueños de estos yates estén bajo sanciones ha complicado aún más el escenario. Las normativas locales les impiden a estos propietarios cubrir el mantenimiento de sus barcos, forzando a los gobiernos a hacerse responsables de este costo. En algunas situaciones, los gobiernos han evaluado la posibilidad de vender estos superyates como una medida, pero los complejos trámites legales han frenado estos esfuerzos.
La venta de los superyates: una solución incierta
La subasta de superyates incautados podría ayudar a cubrir los gastos de mantenimiento y proporcionar ganancias extras para las iniciativas vinculadas al conflicto en Ucrania. No obstante, este procedimiento ha resultado ser más complicado de lo que se pensaba. En ciertos casos, como con el Royal Romance, la administración de Ucrania ha tratado de enajenar un superyate confiscado, pero se ha topado con barreras legales que todavía no se han resuelto.
El Alfa Nero, otro superyate ruso retenido en Antigua y Barbuda, ejemplifica cómo las disputas sobre la propiedad pueden ocasionar conflictos legales adicionales. Tras la decisión del gobierno de Antigua de vender el yate por los elevados costos de mantenimiento, la hija de un empresario ruso sancionado presentó una demanda, reclamando que el yate es suyo. Aunque fue adquirido por un magnate turco, la disputa legal sigue en curso.
Estos complicados procesos de venta y la falta de una resolución clara podrían disuadir a futuros compradores de intentar adquirir estos activos. Las autoridades portuarias de diferentes países podrían negarse a reconocer la propiedad de los yates vendidos, lo que complicaría aún más el mercado de estas embarcaciones.
Un porvenir incierto
En el Reino Unido, el futuro del Phi podría ser determinado por la Corte Suprema, que emitirá su decisión sobre dicho futuro este martes. Sin embargo, aun si el superyate es liberado, el proceso relativo a otros superyates confiscados probablemente se extenderá durante un período prolongado.
El destino de estos superyates permanece incierto, ya sea desde el aspecto legal o económico. En este tiempo, los gobiernos que tienen estas embarcaciones en custodia siguen lidiando con los costos de su mantenimiento, y la ausencia de un plan definido respecto a su futuro genera interrogantes sobre la efectividad de estas acciones en la oposición al régimen de Putin.
Finalmente, aunque la incautación de superyates rusos podría verse como un gesto simbólico, las complicaciones legales y los costos relacionados han resultado ser más considerables de lo esperado. Las repercusiones de estas acciones en las relaciones internacionales y el comercio mundial aún no son claras, mientras las naciones occidentales buscan soluciones a esta cuestión y deciden cómo manejar estos lujosos bienes.
