En un entorno donde la presión por aumentar la competitividad económica y atraer inversiones es mayor, Chile enfrenta el desafío de implementar cambios estructurales en su sistema de gestión de permisos. Aunque el país ha realizado avances recientes en el ámbito regulatorio, varios sectores concuerdan en que persisten barreras significativas que complican el desarrollo de proyectos, especialmente en sectores clave como minería, energía, infraestructura y vivienda.
Uno de los temas prioritarios es la descoordinación entre las diversas entidades gubernamentales implicadas en la concesión de permisos. Hoy en día, un proyecto de inversión en Chile puede necesitar más de 200 aprobaciones, otorgadas por aproximadamente 50 organizaciones distintas, lo que resulta en extensos períodos de gestión, altos costos y una considerable incertidumbre legal para los inversores. Esta desarticulación, junto con procesos escasamente digitalizados y regulaciones que se solapan, ha llevado a solicitudes de una reforma total del sistema.
El gobierno ha planteado una actualización para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), junto con modificaciones al esquema de concesiones y servidumbres. No obstante, especialistas y representantes del sector privado señalan que estas medidas serán insuficientes a menos que vengan acompañadas de un análisis más exhaustivo del sistema regulador, abarcando una simplificación normativa, el uso extensivo de tecnologías digitales y más transparencia en los tiempos y criterios de evaluación.
Un punto crucial señalado por los expertos es la importancia de mejorar las habilidades técnicas de las entidades públicas, muchas de las cuales funcionan con recursos escasos y carecen de herramientas modernas de análisis. Esto afecta de manera directa la calidad y el tiempo de las resoluciones, ocasionando retrasos innecesarios y conflictos legales. La formación especializada de los equipos evaluadores y la uniformidad en los criterios técnicos se consideran esenciales para asegurar un tratamiento justo y eficaz.
Asimismo, se ha planteado la creación de una ventanilla única que centralice la recepción, seguimiento y resolución de los trámites. Esta propuesta apunta a reducir la dispersión institucional y a mejorar la trazabilidad del proceso, permitiendo a los titulares de proyectos conocer el estado de sus solicitudes en tiempo real y detectar eventuales obstáculos. Algunas experiencias piloto ya se han implementado, pero su alcance aún es limitado y requiere voluntad política y recursos para su masificación.
Por otro lado, se aborda también la necesidad de reevaluar algunas leyes específicas que establecen cargas regulatorias que pueden ser excesivas o están desactualizadas. En sectores como la gestión del suelo, recursos hídricos, legado cultural o seguridad en la industria, las regulaciones existentes a menudo se basan en principios antiguos que no se alinean con las dinámicas actuales de inversión. Una revisión legislativa bien coordinada podría facilitar la actualización del marco legal, preservando al mismo tiempo los intereses públicos esenciales.
La discusión sobre la actualización de los permisos es compleja y polémica. Grupos ciudadanos y ambientalistas han manifestado inquietud ante la posibilidad de que las modificaciones conlleven una relajación demasiado amplia de las normativas socioambientales, lo cual podría comprometer la defensa de las comunidades y los ecosistemas. Por ello, se recalca que cualquier iniciativa de simplificación debe preservar elevados niveles de participación, transparencia y supervisión.
El país se encuentra, por tanto, en una encrucijada. Necesita avanzar hacia un sistema regulatorio más eficiente, predecible y adaptado a los desafíos del siglo XXI, sin comprometer la legitimidad democrática ni los compromisos ambientales. El éxito de este proceso dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo entre el Estado, el sector privado, las comunidades locales y la sociedad civil.
En el contexto actual, avanzar en el proceso de obtención de permisos se convierte en una necesidad que supera el mero aspecto técnico: es fundamental para impulsar la economía, avanzar en la transición hacia fuentes de energía renovables, promover el desarrollo regional y fortalecer la confianza en las instituciones. Tenemos la oportunidad al alcance, sin embargo, para aprovecharla se necesitará tener una visión estratégica, actuar con liderazgo político y llevar a cabo una implementación consistente y perdurable.
