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«Pérdidas y daños»: qué implican en el clima

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas

Pérdidas y daños es un concepto central en las negociaciones internacionales sobre clima que se refiere a los impactos negativos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación (reducción de emisiones) ni gestionarse completamente mediante la adaptación. Incluye tanto pérdidas económicas (daños a infraestructura, pérdidas agrícolas, coste de reconstrucción) como pérdidas no económicas (desplazamiento de comunidades, pérdida de cultura, biodiversidad y derechos territoriales).

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: medidas dirigidas a recortar la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el incremento de la temperatura planetaria.
  • Adaptación: propuestas orientadas a reducir la vulnerabilidad y robustecer la capacidad de reacción ante impactos previstos, como levantar diques, desarrollar variedades agrícolas más resistentes e incorporar sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: efectos remanentes que continúan aun tras aplicar acciones de mitigación y adaptación, junto con impactos repentinos o definitivos que resultan imposibles de compensar plenamente.

Clases de daños y pérdidas

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
  • Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.

Casos y datos que ilustran el problema

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de habitantes y ocasionaron pérdidas notables en cultivos y viviendas; las evaluaciones internacionales indicaron que enormes grupos poblacionales quedaron desplazados y se registraron daños por miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un elevado número de víctimas, destruyó infraestructura clave y causó perjuicios económicos calculados en miles de millones de dólares, además de un prolongado impacto humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): provocó el colapso de servicios esenciales y daños tasados en decenas de miles de millones de dólares según varias estimaciones; puso de manifiesto cómo los eventos extremos pueden desencadenar crisis sanitarias y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) sufren erosión y pérdida territorial, lo que obliga a planificar reubicaciones nacionales o incluso transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en zonas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías persistentes y plagas asociadas al clima disminuyen los ingresos agrícolas, agravan la inseguridad alimentaria y fomentan procesos migratorios.

Contexto global y escenario político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el debate sobre pérdidas y daños ha estado presente durante años en las negociaciones; en 2013 se estableció el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el fin de articular estudios y asistencia técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países decidieron crear un fondo dedicado a enfrentar pérdidas y daños, destinado sobre todo a respaldar a las naciones en desarrollo que padecen impactos desmedidos. Su implementación requiere fijar la estructura de gobernanza, las fuentes de recursos y los requisitos de acceso.
  • Tensión política: persiste la disputa entre países desarrollados y en desarrollo respecto a si este apoyo debe interpretarse como reparación, compensación o un acto de solidaridad; algunos temen asumir responsabilidades legales mientras otros reclaman justicia climática.

Valoración, asignación y reconocimiento del valor

  • Ciencia de atribución: facilita evaluar en qué medida el cambio climático provocado por actividades humanas influyó en la frecuencia o magnitud de un fenómeno extremo, respaldando decisiones de financiamiento aun cuando no siempre ofrece conclusiones definitivas para cada situación.
  • Valoración económica: calcular daños directos resulta relativamente sencillo (infraestructura, producción), pero estimar pérdidas no económicas —como identidad, prácticas culturales o biodiversidad— implica mayores dificultades y suele quedar corto al traducirse a valores monetarios.
  • Brechas de datos: los países con capacidad estadística limitada enfrentan obstáculos para medir impactos y sustentar solicitudes de asistencia, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de reacción y financiación

  • Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
  • Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
  • Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: países que menos han contribuido al calentamiento suelen sufrir los peores impactos; existe un fuerte argumento moral para transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la demanda de compensación por daños históricos choca con la reticencia de algunos países a aceptar responsabilidad legal y financiera.
  • Implementación operativa: definir quién accede al fondo, cómo se prioriza, cómo asegurar transparencia y que los recursos lleguen a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como pérdida de identidad cultural o territorio insular, no pueden repararse con dinero; requieren soluciones políticas complejas, como migración planificada y protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: integrar prevención, preparación, seguros y financiamiento de largo alcance a fin de cubrir pérdidas económicas y respaldar inversiones orientadas a fortalecer la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: involucrar a pueblos indígenas y a comunidades locales en el diseño y la implementación de acciones que garanticen pertinencia cultural y resultados eficaces.
  • Transparencia y gobernanza: crear mecanismos nítidos de supervisión y rendición de cuentas que permitan monitorear el destino de los recursos.
  • Soluciones regionales: impulsar la cooperación en fondos y adquisiciones de cobertura a escala regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños ponen de manifiesto un momento decisivo: el cambio climático ya genera impactos que muchas comunidades no pueden revertir por cuenta propia. Enfrentar esta realidad requiere combinar la ciencia de atribución, políticas financieras equitativas, acciones para disminuir riesgos y una visión basada en derechos humanos que permita crear respuestas legítimas y eficaces para quienes afrontan las mayores adversidades.

Por: Teresa Figueroa

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